El fútbol en España está en pleno cambio y las principales instituciones reguladoras del deporte rey (CSD, LFP y RFEF) se han propuesto conjuntamente erradicar cualquier forma de violencia en el fútbol español.

El pasado jueves 4 de diciembre las tres instituciones se reunieron y anunciaron unas medidas que entrarán en vigor a partir del 15 de diciembre de 2014, tras los acuerdos alcanzados por el Consejo Superior de Deportes, la Liga de Fútbol Profesional y la Real Federación Española de Fútbol.

Las grandes medidas planteadas son:

- Cierre parcial de los estadios de fútbol: Se permitirá cerrar sectores de los estadios donde se localicen actuaciones contrarias a las conductas tipificadas en la Ley 19/2007 contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte.

- Sanciones por violencia verbal: A los informadores arbitrales y a los coordinadores de seguridad, se sumará una figura creada por la LFP que asistirá a cada partido para recabar toda la información necesaria.

- Retirada de puntos y descensos para los clubes: Elaboración de una normativa sancionadora ante cualquier conducta de colaboración, permisividad y apoyo por parte de los Clubes/SAD a grupos o aficionados potencialmente violentos.
 
- Regulación de venta de entradas y desplazamientos de las aficiones: Se confeccionará un listado de grupos violentos. 

Por su parte, la LFP reforzará estas medidas para los equipos de Primera y Segunda División, contratando un director de seguridad de la LFP, creando una Unidad de Inteligencia de la LFP, creando la figura del Director de Partidos de la LFP y creando una Comisión de Control y Seguimiento, entre otras reformas tecnológicas que se implementarán en los estadios de fútbol.


¿Afectará esta medida a los equipos de Segunda División B?

Será el 15 de diciembre cuando ya estará redactado un nuevo articulado legal con todas estas nuevas normas, siendo a partir de entonces cuando éstas sean aplicables y efectivas.

Si bien es cierto que la LFP hará un control más exhaustivo en partidos de Primera y Segunda División, la RFEF (organismo organizador de la Segunda División B española) no se va a quedar atrás, ya que los árbitros podrán recoger en el acta los insultos que desde su posición escuchen y en cada estadio o campo de fútbol se designará un informador arbitral que se encargará de recabar en un informe cualquier tipo de incidencia sobre violencia verbal que aprecie o constate, al igual que harán los coordinadores de seguridad del recinto.

De producirse incidencias de violencia, los informes serán remitidos al Consejo Superior de Deportes siendo la conocida ‘Comisión Antiviolencia’ dependiente de este organismo estatal la encargada de estudiarlos y proponer sanción según corresponda, pudiéndose llegar desde la prohibición de entrada y multa económica a un aficionado al descenso de categoría de un club.

De todas formas, las sanciones que se aplicarán quedarán definidas en el texto legal que verá la luz en los próximos días.