El secretario de Estado de Memoria Democrática del Gobierno de España, Fernando Martínez López, ha instado al Ayuntamiento de Cádiz a desistir de la intención de cambiar el nombre del estadio municipal para recuperar la denominación de Carranza, señalando que dicha acción incumpliría la legislación vigente. Las declaraciones se realizaron en el marco de la inauguración del curso académico del Instituto de Investigación en Estudios del Mundo Hispánico en Cádiz, donde Martínez López participó con la conferencia titulada 'Las políticas de memoria en España. La ley de memoria democrática', según informa Radio Cádiz.

Martínez López ha destacado que "restablecer el nombre de Carranza al estadio es un incumplimiento de la ley de memoria democrática", y afirmó que han requerido al alcalde, Bruno García, para que no proceda con el cambio. La subdelegada del Gobierno en Cádiz, Blanca Flores, ya se ha dirigido formalmente al alcalde para reiterar esta solicitud, un requerimiento que también se ha trasladado a la Junta de Andalucía, debido a sus competencias en materia de memoria democrática.

El Ayuntamiento de Cádiz, ahora bajo el gobierno del Partido Popular (PP), había anunciado en julio la apertura de un expediente tras la petición del Cádiz CF para que el estadio dejara de llamarse 'Nuevo Mirandilla' y recuperara el apellido Carranza, utilizado desde 1955 en homenaje a Ramón de Carranza, exalcalde de la ciudad y figura vinculada a la dictadura franquista.

En 2021, el anterior equipo de gobierno de Adelante Cádiz, liderado por José María González, retiró el nombre de Carranza en base a la justificación de que Ramón de Carranza había sido partícipe de actos represivos durante la dictadura. Se eligió el nombre 'Nueva Mirandilla' mediante una votación en línea, que fue polémica por la baja participación y varios intentos de boicot. Desde el anuncio del PP en julio, no se han registrado avances significativos en el cambio, mientras la oposición, compuesta por PSOE y Adelante, ha criticado el proceso por su posible infracción de las leyes de memoria democrática.

Martínez López ha subrayado que las leyes, como la de memoria democrática, deben cumplirse igual que las fiscales, citando el artículo 35 que prohíbe honrar con topónimos o nombres de edificios a quienes participaron en el golpe de Estado o fueron figuras del régimen franquista. Además, recordó que él mismo fue alcalde de Almería y enfatizó la obligación de los cargos públicos de hacer cumplir la Constitución y las leyes.

Reacción de Adelante Izquierda Gaditana

Por otro lado, Adelante Izquierda Gaditana confía en que el alcalde de Cádiz, Bruno García, abandone su idea de devolver el nombre de Carranza al estadio tras las palabras del secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez, que ha recordado hoy en Cádiz que esa decisión municipal va en contra de la legislación vigente e incurriría en un incumplimiento de la ley. El portavoz de Adelante Izquierda Gaditana, David de la Cruz, explica que tras estas palabras sería “más insostenible e injustificable aún que el alcalde y su Equipo de Gobierno sigan adelante con la idea de devolver el nombre del golpista Carranza al estadio municipal”.

“Es hora de que se respete la Ley, no se haga más daño a las víctimas de la represión franquista y se respete la Ley de Memoria, y de que por fin Cádiz pueda pasar página y avanzar como sociedad respetuosa con la memoria histórica”, añade. De la Cruz no entiende “este radicalismo del alcalde para homenajear a un franquista que reprimió y purgó a tantos vecinos y vecinas de la ciudad. Una actitud de Bruno García que le sitúa en la línea del PP más rancio, más conservador y casposo que mantiene el nombre de 'Don Ramón' al alcalde cómplice del Golpe de Estado y que niega la convivencia, la justicia y la reparación”.

Adelante Izquierda Gaditana confía en que “el alcalde tome la decisión en los próximos días y dé formalmente marcha atrás en esa idea de brindar homenaje al golpista Ramón de Carranza colocando su nombre al estadio municipal en pleno año 2024, y que esa intención se abandone definitivamente”.

Reacción del PSOE de Cádiz

El PSOE de Cádiz ha solicitado al alcalde de la ciudad que detenga el proceso de cambio de nombre del estadio municipal, recordando que la designación como "Carranza" incumple la Ley de Memoria Democrática. El secretario general del PSOE en la provincia, José Ramón Ortega, ha resaltado que "Cádiz no debe situarse al margen de la legalidad, especialmente en un asunto tan sensible como el respeto a la memoria histórica", e instó al alcalde a "actuar con responsabilidad y paralizar este proceso inmediatamente". Ortega hizo un llamamiento al cumplimiento de la normativa vigente y a evitar confrontaciones en un tema que ya estaba resuelto.

Además, Ortega ha instado al alcalde, Bruno García, a enfocar sus esfuerzos en mejorar la gestión de la ciudad en áreas como la limpieza, el mantenimiento urbano y el transporte público, en lugar de "dedicarse a crear polémicas que tapen su falta de gestión".

El dirigente socialista también recordó que el PSOE siempre ha promovido soluciones que generen consenso y beneficios para los ciudadanos. En esta línea, defendió la propuesta de su partido de otorgar al estadio un nombre comercial que genere ingresos destinados al deporte base en Cádiz, en vez de usar "el nombre de quien fue el causante de tantos asesinatos y que lo que genera es vergüenza a la ciudad". Según Ortega, esta medida sería "una oportunidad para impulsar el talento deportivo de nuestros jóvenes y generar una fuente de ingresos que revierta directamente en nuestras escuelas y clubes deportivos".

Desde el PSOE, reafirmaron su compromiso con el respeto a los valores democráticos y con iniciativas que contribuyan al desarrollo de Cádiz. En sus declaraciones, Ortega subrayó que "los que decían en campaña que no había que aplicar ideología sino dedicarse a gestionar, se empeñan en un cambio de nombre ilegal, por pura ideología y sectarismo". También recordó que, pese a las críticas hacia la ley de memoria, incluso desde sectores del propio PP de Cádiz, "tienen la obligación de respetar y cumplir las Leyes de memoria".