El Juzgado de Instrucción número 3 de Cádiz ha ordenado una auditoría sobre el destino que el Cádiz CF dio a las cantidades entregadas por el fondo de inversión CVC. La juez Rosa María García ha designado a un perito auditor de cuentas para examinar las operaciones realizadas con esos fondos, mientras que ha solicitado a LaLiga un informe detallado de las cantidades otorgadas al equipo de Segunda División, así como información sobre la entidad bancaria y el número de cuenta donde se ingresaron los fondos, según informaba este miércoles El Mundo.

Según dicho medio, esta decisión se ha adoptado tras la admisión de una querella presentada por Quique Pina, histórico agente de futbolistas y accionista del Cádiz CF. En la querella, Pina solicita una investigación sobre el destino de al menos siete millones de euros procedentes del acuerdo suscrito entre LaLiga y CVC para proporcionar liquidez a los clubes.

La denuncia de Pina alegaría que estos fondos fueron canalizados a través de una cadena de sociedades controladas por Rafael Contreras y afirma que se destinaron a fines ajenos al club. Además, se señala que parte del dinero fue transferido a la entidad Gades Sports Technology Industry, destinándose una parte a un proyecto llamado Sportech, descrito en la querella como "irrealizable".

El acuerdo entre LaLiga y CVC, denominado Plan Impulso, tenía como objetivo apoyar financieramente a los clubes, estipulando que "al menos el 70% de los recursos recibidos por cada club deberán ir destinados a áreas estratégicas", tales como "la modernización de infraestructuras, digitalización, proyectos de marca, desarrollo de negocio y expansión internacional".

Según El Mundo, el Cádiz CF ha negado la comisión de cualquier irregularidad en el uso de estos fondos, afirmando que la querella es una acción sin base que no tendrá recorrido y confía en que el caso será archivado.