El mundo del arbitraje sigue dando que hablar en los últimos días. Por un lado la RFEF emitió un nuevo comunicado escrito por los presidentes de los Comités Territoriales en el día de ayer exponiendo “nuestra preocupación por el incremento de violencia verbal y física que están sufriendo nuestros colegiados, acentuado muy especialmente en los últimos meses”.

En este se recalca también que “podemos ver vejaciones, amenazas y agresiones a personas que están formándose, cuyo único “delito” es ejercer su pasión como árbitros, en muchos casos menores de edad, que intentan realizar su labor de la mejor forma posible”.

Es por ello que piden “que se conceda a esta situación la importancia que merece, que se trabaje para sancionar de forma ejemplar este tipo de situaciones y lograr con ello una protección acorde con lo que un juez deportivo merece. Es momento de parar esta campaña de desprestigio continuo hacia los árbitros, que lo único que genera es cuestionar la honradez y honorabilidad de todo el colectivo”.
También amenazan con una huelga en todas las categorías. “Nuestro único objetivo es no tener que lamentar ningún incidente más de los ya acaecidos, lo que podría llevarnos a adoptar medidas drásticas e inmediatas que repercutirían directamente en nuestras competiciones, obligándonos a no exponer la integridad física de nuestros colegiado”.

En otro orden de cosas hoy se ha informado a través de El Debate, que la Fiscalía Anti-corrupción investiga a cuatro árbitros y estudia un informe sobre el patrimonio inmobiliario de los mismos. Según este mismo medio en dicho informe estarían Carlos Clos Gómez, Santiago Jaime Latre, Alejandro Hernández Hernández y José María Sánchez Martínez. 

En el caso del primero, que fue responsable del VAR en el CTA, dispone de siete inmuebles valorados en su conjunto en más de un millón de euros. De Jaime Latre se desprendería que  tiene a su nombre un total de siete propiedades inmobiliarias, todas ellas abonadas al contado, todo adquirido en 2020. En el caso de Hernández Hernández sus propiedades inmobiliarias fueron adquiridas entre 2019 y 2021. El informe valora el patrimonio de este árbitro en más de un millón de euros. Por último, Jose María Sánchez Martínez adquirió sus propiedades entre 2019 y 2022, tal y como figura en el informe, sin créditos hipotecarios.