IU Cádiz ciudad ha advertido que realizará seguimiento a todos y cada uno de los compromisos que el Partido Popular asumió ayer en el transcurso del Pleno municipal ante la moción defendida por la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica. Estos compromisos son relativos al mantenimiento de la Delegación de Memoria Democrática con presupuesto y técnicos en el 2024, la difusión de los materiales y Unidades Didácticas elaborados por la Delegación entre los centros escolares, llevar a cabo las identificaciones “presuntivas” de familiares de las víctimas exhumadas en el Cementerio de San José o la publicación del libro ya realizado sobre el proceso de exhumaciones, entre otros.

Precisamente, como indican desde la formación local, en palabras de su representante Aída Fernández “es un logro gracias al trabajo de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Cádiz en mantener y continuar todo el trabajo desarrollado en materia de memoria histórica durante estos últimos años”.

No obstante, desde la formación lamentan que el PP esté dando la callada por respuesta en cuanto al cambio del rótulo del Estadio, y estén barajando la posibilidad de volver a llamar al Estadio Municipal como Estadio Carranza, tal y como dejo caer en su momento a varios medios el propio alcalde. Esto supondría un grave incumplimiento de lo establecido en la Ley Estatal y Autonómica de Memoria Democrática.

Recuerda la coalición local que el anterior Equipo de Gobierno dejó adjudicado el contrato para la colocación de los nuevos rótulos del Estadio Municipal a la empresa GRAVOPLAN, SL por valor de más de 20.000 euros. Por tanto, esa decisión del PP aparte de que puede llevar a un incumplimiento de la Ley de Memoria, puede llevar a que se tenga que indemnizar a una empresa por un rótulo que ya estará elaborado y por un contrato que Bruno García está impidiendo que se ejecute por la vía de los hechos. 

Por último, desde la formación izquierdista, recuerdan al Ayuntamiento que cualquier medida de este tipo puede tener como consecuencia la apertura de un expediente sancionador por pare de la Dirección General de Memoria Democrática del Gobierno Central, ya que este tipo de decisiones o cualquier otra que suponga vulnerar la ley actual puede acarrear la imposición de una sanción.