La RFEF no pone todo el interés que debiera en investigar un turbio asunto que tiene como protagonistas presuntamente al Hércules y al Córdoba.

¿Vía libre a la corrupción en el fútbol?. Visto lo visto, cualquier equipo podría comprar "presuntamente" partidos de fútbol con impunidad legal para ello, al menos hasta que los amaños se consideren delito penal a partir del 22 de Diciembre.

Después de la negativa del Juzgado de Instrucción nº 7 de Alicante y la posterior ratificación de la Audiencia Provincial de Alicante para entregar las grabaciones de las escuchas a los estamentos deportivos (Consejo Superior de Deportes y Real Federación Española de Fútbol), y al no caber recurso alguno a la decisión de la Audiencia, el caso está ya judicialmente muerto.

El Consejo Superior de Deportes, presidido por el alcaldable de Madrid por el PSOE, Jaime Lissavetzky se retira del caso, y en palabras que recoge El País concluye que "ya no hay más posibilidades. Como Administración hemos llegado al límite. Hemos hecho el máximo esfuerzo posible, recurso a recurso, pero ya no hay margen jurídico posible".

Y pasa la bola a la RFEF "Estamos satisfechos de que los amaños sean delito penal a partir del 22 de diciembre de este año, cuando entre en vigor la reforma del Código Penal. Y esperamos ahora a que la Federación, que ha abierto una información reservada por una denuncia del Cádiz, tome decisiones".

Una decisión que se sustenta en base al escrito de la Audiencia, que subraya que denegar las escuchas no menoscaba "la posibilidad investigadora" de las administraciones deportivas, puesto que estas "cuentan con sus medios propios de averiguación de infracciones graves".

Por su parte, y a pesar de la premura que haría falta en una decisión de la RFEF, miembros del Comité de Competición indicaron también a El País que "nos reuniremos, pero no se sabe qué día porque es difícil coordinar a tanta gente en plenas vacaciones. Alguna decisión habrá que tomar, pero solo nos reuniríamos el martes que viene, como es costumbre, si hay alguna tarjeta roja el sábado durante el partido Sevilla-Barcelona, de ida de la Supercopa española". Y tan panchos que se quedan.

Tanto el CSD como la RFEF dentro de la investigación iniciada a raíz de la denuncia presentada por el Cádiz C.F. podrían actuar dentro de sus propios reglamentos y siempre y cuando los periodistas que hayan tenido acceso a esas grabaciones, las entreguen a los organismos competentes.

Lo cierto de todo esto es que Justicia, LFP y Jaime Lissavetzky (CSD) miran hacia otro lado. Y la RFEF no pone todo el interés que debía en investigar un turbio asunto que mancha la imagen del deporte rey en el país de la campeona del mundo de fútbol, España.

El perjudicado de todo esto, una vez más es el fútbol.