El auto que la juez del Juzgado de lo Mercantil nº1 de Cádiz, María del Castillo Mendaro Dorantes, ha firmado dando aprobación al Concurso de Acreedores del Cádiz CF, lleva consigo la apertura de la llamada 'sección sexta o de calificación' mediante la cual se podría llevar a juicio al responsable o responsables de la deuda del club cadista que motivaron la entrada en el proceso concursal.

PORTAL CADISTA ha tenido acceso a la sentencia, la número 81/2015, en la que se informa que  el concurso ha quedado aprobado "con el voto favorable de acreedores ordinarios y privilegiados adheridos cuyos créditos alcanzan 2.947.337,73 €, superando por tanto el 50% del pasivo ordinario del concurso ( 2.164.103,36 €)".

E igualmente en el noveno punto de los Fundamentos de Derecho, la juez informa que "de conformidad con el artículo 167 de la Ley Concursal (redactado por Ley 38/2011, aplicable conforme a la Disposición Transitoria 7ª), aprobado el convenio, salvo en los supuestos en los que para todos o algunos acreedores se establezcan quitas inferiores a un tercio del importe de los créditos o esperas inferiores a tres años , debe formarse la sección sexta o de calificación que se encabezará con testimonio de la resolución judicial y se incorporarán a ella testimonios de la solicitud de declaración de concurso, la documentación aportada por el deudor, el auto de declaración de concurso y el informe de la administración. Al superarse los límites establecidos en el precepto, procede la apertura de la Sección de Calificación".

El abogado concursal Germán Bernal ha dado algo de luz a este punto en Onda Cero Cádiz, informando que la apertura de esta sección sexta no significaría nunca pedir responsabilidades a Sinergy, pero si a Antonio Muñoz, máximo accionista en el momento de producirse la entrada en el Concurso Voluntario de Acreedores del Cádiz CF.

Ahora la juez tendrá que determinar si la calificación del concurso es 'culpable' o 'fortuito'. De ser calificado como 'culpable', Antonio Muñoz podría ir a juicio, exigiéndoles las responsabilidades correspondientes que se deriven por haber llevado a la sociedad a tener que hacer uso de la figura del Concurso de Acreedores bajo su gestión.