Los Concursales obligan a Muñoz a renunciar al dinero de Chico

Los tres Administradores Concursales que la juez Nuria Orellana designó para estar al frente del concurso de acreedores del Cádiz CF siguen trabajando en la búsqueda de la viabilidad de la entidad, aunque ello suponga tomar decisiones que nada puedan favorecer a los intereses de los aún dueños del club cadista.

Ya publicábamos, nada más conocerse el informe provisional del concurso de acreedores, que en una de las páginas de ese informe se recogía "la existencia de un contrato de cesión de crédito a favor de los consejeros del Cádiz CF, SAD, D. Antonio Muñoz Vera, D. Francisco Puig Sánchez y D. Federico González Díaz, de las cantidades que pudiese recibir el Cádiz CF [...] por la posible plusvalía, que se pudiese obtener, por la venta de los derechos federativos del jugador «Chico»", anunciando los propios Administradores Concursales que "actualmente se encuentra en trámite de estudio por esta administración concursal, la presentación de una demanda incidental ejercitando las acciones de reintegración previstas en al art.71 LC (Ley Concursal)".

La respuesta del Cádiz CF no se haría esperar, y remitía una nota aclaratoria a PortalCadista.comdonde los propietarios indicaban que "en caso de que los derecho de cobro del jugador Juan Manuel Flores ‘Chico’ estuvieran ya satisfechos en su integridad o fueran objeto de cesión ulterior por criterios de ajuste financieros o presupuestarios, los cesionarios D. Antonio Muñoz Vera, D. Francisco Puig Sánchez y D. Federico González Díaz RENUNCIAN EXPRESAMENTE al percibo de la cantidad que en su caso se devengara por los derecho de cobro del jugador mencionado".

Ahora, meses después, Línea 6, en su revista ¡Ese Cádiz...oé! número 178 da a conocer que tanto Antonio Muñoz, como Federico González y Paco Puig han firmado por escrito esa renuncia, tras la negativa de los Administradores Concursales a que con las cantidades que ya se está cobrando por el traspaso de Chico a la UD Almería se saldaran los 900.000 que se les debía. Los máximos accionistas, que no han querido ir a juicio por este asunto, tienen derecho a percibir esa cantidad, pero no inmediatamente, sino que aguardan el momento a cobrar como cualquier acreedor de la entidad.

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