Domingo 1 de julio. Ese es el primer día del plazo que la RFEF española de fútbol ha dado a todos aquellos clubes que durante las últimas tres temporadas han tenido denuncias de jugadores por impago, para presentar un aval que les permita competir la próxima temporada en Segunda División B, según viene avisando desde el pasado mes de marzo. El Cádiz CF SAD es uno de ellos y la cantidad en su caso es de 200.000 euros. La fecha límite: el 5 de julio.

A día de hoy nadie sabe con certeza si ese aval, o una cantidad igual en metálico, será presentada en el plazo conveniente en el máximo organismo del fútbol español. Y el tiempo se agota. Las últimas informaciones son las de que el máximo accionista de la entidad Antonio Muñoz Vera no está por la labor de hacerlo, y la vía del acuerdo con el Ayuntamiento parece que podría haber llegado demasiado tarde por haber tensado tanto la cuerda con el consistorio. El Cádiz ya habría aceptado que los locales fueran en calidad de cesión y no de propiedad como pretendía en un principio, y ahora habría que elaborar un acuerdo que debe ser valorado por técnicos. Todo ello no estará listo antes de varias semanas.

Otra opción sería  la de un traspaso de las acciones a otra persona antes de esa fecha para que ésta, ya convertida en nueva responsable de la entidad, pueda evitar un trágico final de temporada para  el Cádiz CF

Todas las miradas apuntan al empresario cordobés y a los pasos que éste pueda dar en los próximos días.