Hace meses, el Cádiz CF presentaba en el Juzgado de lo Mercantil de Cádiz una solicitud para la proposición de un Expediente de Regulación de Empleo (ERE), y al mismo tiempo para la aplicación de un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) que afectaba a ocho empleados de la entidad cadista.

La incertidumbre en torno a la categoría deportiva en la que fuera a militar el equipo en la siguiente temporada (en relación a la actual), con las expectativas puestas en un ascenso a Segunda División, hicieron que se prorrogara la ejecución tanto del ERE como del ERTE hasta conocer qué sucedería deportivamente.

Finalmente, tras el cambio de propietario en el Cádiz CF, y a pesar de que el club continúe en Segunda División B, se ha decidido paralizar temporalmente cualquier acción que pudiera derivarse en la pérdida de empleo para cualquiera de los trabajadores del club, y por tanto que provocara una desestabilización de sus estructuras, aunque para ello se ha llegado a un acuerdo conjunto para que la rebaja del sueldo de la mayoría de los empleados de aquí a final de la presente temporada, con la promesa en firme de que si el equipo asciende a Segunda División volverían a cobrar lo que hasta ahora habían percibido.

Asimismo, recientemente y a nivel interno, en el club se ha vivido un proceso de reestructuración de las distintas áreas y funciones de los empleados. Con ello no sólo se han evitado despidos, sino que se ha fortalecido el organigrama empresarial, más propio de clubes de superior categoría.