Las investigaciones relacionadas con la operación 'Líbero', en las cuales fue señalado Quique Pina por presunto blanqueo de capitales, llevó a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional a registrar a finales del mes de enero de 2018 las oficinas del estadio Ramón de Carranza y de la Ciudad Deportiva Bahía de Cádiz, en el marco de las investigaciones iniciadas por la Audiencia Nacional y la Agencia Tributaria.

En aquel momento la Policía Judicial recopiló del Ramón de Carranza numerosa documentación de supuestos contratos antiguos de futbolistas del Cádiz CF, pero también efectuó registros en el Granada CF y en varias empresas.

Fruto de esa investigación, Quique Pina fue llevado a prisión sin fianza, para posteriormente quedar en libertad sin fianza tras 17 días, debiendo comparecer cada semana en el juzgado y teniendo que entregar su pasaporte, al tener prohibido salir de España.

Entre tanto, el Consejo de Administración del Cádiz CF ya había revocado indefinidamente las facultades delegadas que recaían en Quique Pina, pasando de ser consejero delegado a tan solo consejero de la entidad cadista, y posteriormente la Junta General de Accionistas ejerció la acción social de responsabilidad del artículo 238.1 de la Ley de Sociedades de Capital contra el propio Pina, destituyéndolo como consejero.

Curiosamente, el abogado de Juan Carlos Cordero, Emilio Álvarez Tirado, en relación a la operación 'Líbero' dejaba entrever ayer, en la vista judicial que tuvo lugar con motivo del despido del director deportivo, que "la Audiencia Nacional investiga a mucha gente, incluido a Vizcaíno como posible testaferro de Pina", en palabras recogidas por Diario de Cádiz.