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Foto: portalcadista.com
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Si bien el informe provisional publicado por los Administradores Concursales saca a relucir los casi 13,5 millones de deudas con los que cuenta el Cádiz CF (13.498.455,61 euros para ser exactos), también apunta a la obtención de recursos adicionales no incluidos en el informe, como: una supuesta deuda de Arturo Baldasano por cuantía de 689.790,95 euros, los importes no percibidos en el “Caso Chico” y que de recuperar el 30 % de la plusvalía se ingresarían 790.000,00 euros adicionales (junto a los 500.000 sobre los que existe ya un derecho de cobro), y el de la reclamación al Ayuntamiento por la pérdida del aforo por las obras de Tribuna.
Precisamente sobre este último punto, el informe en el apartado 2.B (Juicio sobre las cuentas, estados financieros, informes y memoria) se incluye un sub-apartado 3 (Precisiones) en el que se anticipa un resumen de los puntos citados anteriormente, que en el punto “b” dice lo siguiente:
“b. Compensación por la pérdida de aforo y desplazamiento de abonados a la grada de
preferencia derivada de la demolición de la tribuna del Estadio Ramón de Carranza para remodelación de la misma, estimándose por el Cádiz C.F. de acuerdo con la comunicación efectuada al Excmo. Ayuntamiento de Cádiz, en 1.994.421’00 euros”, cantidad que aún no ha sido ingresada y por la que se obtendría un ingreso adicional no recogido en el informe.
Sobre esta cantidad de cerca de 2 millones de euros es por la que los tres Administradores Concursales afirman más adelante en el informe (páginas 29 y 72) que “se pone de manifiesto la existencia de un contrato de cesión de crédito a favor de los consejeros del Cádiz CF,SAD, D. Antonio Muñoz Vera, D. Francisco Puig Sánchez y D. Federico González Díaz, de las cantidades que pudiese recibir el Cádiz CF del Ayuntamiento de Cádiz como consecuencia de la reclamación económica por disminución del aforo por las obras del Estadio Ramón de Carranza”.
En relación a la solicitud del Cádiz CF para la compensación por la pérdida del aforo (también llamado “lucro cesante”), el Ayuntamiento de Cádiz sacaba a concurso la elaboración de un estudio, informe jurídico y asesoramiento sobre la citada indemnización (expediente número 2010/000082), que a fecha 18 de junio de 2010 se adjudicaba a Garrigues, Abogados y Asesores Tributarios, por un importe de 35.960,00 euros (IVA incluído) y que no era vinculante con la decisión que finalmente tomara el Consistorio gaditano.
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